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ORDENANZA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL
Jueves, 11 de Febrero de 2016
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ORDENANZA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL

Durante estos últimos años, uno de los efectos nocivos de esta crisis, es el aumento de la desigualdad social, que unido a una nefasta política que ha priorizado la vivienda como negocio en vez de la vivienda como derecho, ha llevado a muchas personas y familias a la pérdida de su vivienda, o a vivir en condiciones de hacinamiento. Solo en Pamplona, el 11% de los núcleos familiares después de pagar los gastos de vivienda, se quedan por debajo del umbral de pobreza, y el 4,3% de las familias viven en menos de 15 m2 (habitación alquilada para cuatro,...). Como contrapunto inaceptable, el Ayuntamiento dispone de unas 170 viviendas vacías que no reúnen condiciones de habitabilidad y que requieren rehabilitación. 

Es evidente que las viviendas vacías municipales, aunque se rehabiliten todas, no son suficientes para las necesidades actuales, por lo que es necesario establecer un baremo y unas prioridades para  destinarlas a las personas más necesitadas.

Ya en la legislatura pasada como Izquierda Ezkerra presentamos una Ordenanza para poner en servicio social estas viviendas. Una Ordenanza que nació y se ha desarrollado con la vocación de recoger las propuestas de todos los grupos municipales, y se ha logrado, así como de técnicos sociales y de los colectivos ciudadanos como la PAH, Red contra la pobreza, ... 

Ahora desde el Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario que dirige Edurne Eguino, se ha tratado de que sea una Ordenanza de consenso. En su aprobación inicial, este mes de enero, ha obtenido el voto de todos menos de UPN, que sin embargo si ha colaborado con propuestas. 

La ordenanza trata de regular el acceso temporal a una vivienda municipal mientras dura la situación de emergencia habitacional, con un máximo de tres años, tiempo en que, con el apoyo de los servicios sociales, la familia pueda optar a una vivienda normalizada de alquiler como las que gestiona Nasuvinsa,..

No se trata de caridad, sino de justicia social, de derecho, por ello el núcleo familiar que opta a una de estas viviendas debe pagar un alquiler en función de sus ingresos, un alquiler que no reste posibilidades a vivir con dignidad. Una pareja con dos hijos puede pagar 20 euros si sus ingresos son 600 euros, mientras que otra pareja sin hijos y con ingresos de 1000 euros pagaría 140 euros.

Las situaciones de necesidad ( desahucios, hacinamiento,..), la situación económica, el número de miembros de la unidad familiar, la salud u otros elementos como ser víctima de violencia de género, minusvalías, familia monoparental, etc., son aspectos a baremar para priorizar a unos sobre otros.

Para el mes de marzo este ayuntamiento pondrá 25 viviendas ya rehabilitadas, y se espera que para julio se tengan otras 25. ¡Pero quedan más¡, y hay que ponerlas en servicio social. En eso estamos.

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