buscar
euskaraz
  Noticia
comparte por correo electrónico

Archivado en: ParlamentoVivienda
IE plantea rebajar el alquiler público de vivienda que gestionan las empresas privadas entre un 13,9% y un 40%
Martes, 18 de Noviembre de 2014
<< Volver
IE plantea rebajar el alquiler público de vivienda que gestionan las empresas privadas entre un 13,9% y un 40%

A través de varias enmiendas a la ley de vivienda, se plantea además eliminar avales que hoy se exigen en torno a 1.500 euros, dar prioridad a familias desahuciadas en la adjudicación de vivienda, o que sean las promotoras y no los inquilinos quienes paguen la contribución urbana.

Las políticas de vivienda puestas en marcha en España y en Navarra en los últimos años han sido nefastas en cuanto al objetivo que debe presidir toda política de vivienda pública: garantizar el derecho de la ciudadanía a disponer de una vivienda dignay asequible. En su defecto, la política de vivienda pública se ha orientado casi exclusivamente a facilitar la especulación y la construcción sin fin de nuevas viviendas en compraventa, hasta el punto de ser uno de los principales detonantes de la crisis económica por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica asociada a ella.

En los últimos años hemos conocido varios informes muy ilustrativos sobre la política pública de vivienda. Según la Cámara de Comptos, se constata como entre los años 2005 a 2012 el precio de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) se incrementó en un 33,89%, muy por encima del IPC, con lo que se encareció muchísimo la única tipología a la que podía acceder una parte importante de la población: la VPO.

Igualmente, según dicho informe, el 68% de las ayudas públicas directas a la vivienda (sin contar las desgravaciones fiscales) se han destinado a financiar la compra de vivienda y sólo el 32% por ciento al alquiler. Además, de las destinadas al alquiler, la mayor parte, el 60%, han ido a parar a promotores de vivienda, para financiar la construcción de viviendas suyas destinadas a alquiler, y el resto a los arrendatarios.

A los datos aportados por Comptos, hay que sumar los 579 millones de euros que se han dejado de ingresar los últimos 5 años por deducciones de vivienda  destinadas a la compra de vivienda. Estas desgravaciones, al igual que las subvenciones, lejos de contribuir a abaratar la compra de vivienda, contribuyeron a aumentar su precio. En el propio Plan de Viviendalas inversiones en los últimos años, del 2008 al 2012, han sido un 35% del presupuesto para la compra de vivienda, mientras que al alquiler se destinaba el 11%.

Respecto al precio de la vivienda, cabe resaltar que según datos INE, la vivienda libreha bajado un 44,9% en los últimos 7 años y sin embargo, el precio del módulo público ha crecido un 14,37%.

Junto a los datos mencionados, hay que añadir otros estudios publicados en los últimos años, que aportan una serie de datos imprescindibles para sacar conclusiones.

Según el INE, existen en Navarra aproximadamente 34.000 viviendas vacías  (si bien no todas susceptibles de alquiler) cuando en el actual censo único de vivienda de Navarra en torno al 80% de la demanda es para el alquiler frente a la compra.

Así mismo, la asociación Consumidores Iratxe constataba el aumento de la demanda de vivienda en alquiler, aportando otro informe en el que afirma que entre los años 2007 y 2012 hemos pasado de un 8% de hogares viviendo en régimen de alquiler a un 12,12%.

Pese a que no conocemos la cifra exacta de desahucios de familias que no pueden pagar la hipoteca de su primera vivienda (las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial no distinguen con claridad si es de una primera vivienda o no) sí sabemos que han sido cientos las familias desahuciadas en Navarra. De hecho, en el último dato publicado nos habla de un aumento en Navarra del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la media Estatal había aumentado en torno al 3%.

Mientras la mayoría de los países de Europa central han apostado por el alquiler público asequible como modo de garantizar el derecho a la vivienda para la mayoría de su población, España es uno de los países de Europa con menor porcentaje de personas viviendo en régimen de alquiler. Destacar que si la media española es el 13%, la europea es el 33% y la alemana el 57%.

Por todo ello Navarra necesita a nuestro juicio un cambio de 180 grados en materia de política de vivienda que pasaría por dar la máxima prioridad al alquiler sobre la compraventa como único camino realista para garantizar por ley el derecho de toda navarra y navarro a una vivienda digna. Si tenemos 34.000 viviendas vacía (muchas de las cuales son susceptibles de incorporarse al mercado del alquiler) y una demanda en el censo único de vivienda de 6.000-7.000 personas, hay que buscar fórmulas para que toda persona acceda a una vivienda en alquiler, a precios razonables. Entre ellas, destacaríamos como las más urgentes las siguientes:

-Reorientar las ayudas y desgravaciones fiscales a la promoción de vivienda pública en alquiler, de tal manera que nadie pague más de un porcentaje determinado de su renta, de modo que el gasto en vivienda no hipoteque la calidad de vida de la ciudadanía.

-Aplicar una rebaja sustancial de los precios máximos de alquiler de las VPO, pues hoy día tienen precios en ocasiones superiores a las del mercado libre.

-Eliminar fianzas abusivas, pagos de la contribución por parte de inquilinos, exigencias de una renta mínima, que se tengan en cuentas los ingresos actuales reales y no la declaración de la renta del año anterior, y otras trabas hoy existentes en el alquiler social público.

-Crear unamplio banco de viviendas públicaspara el alquiler: hay solares públicos urbanizados en los que la construcción de vivienda pública destinada a alquilar se puede costear sólo con los alquileres, sin suponer sobre endeudamientos a la Comunidad.

-Facilitar que la bolsa de vivienda privada en alquiler que gestiona Nasuvinsa cuente con un parque de viviendas mucho más amplio.

-Aplicar un gravamen a las viviendas vacías que no se oferten en alquiler (donde no se incluyen segundas viviendas en uso, casas de los pueblos en uso esporádico, etc.), para incentivar su entrada en el mercado del alquiler.

-Aplicar un gravamen a las viviendas vacías de los bancos que no se oferten en alquiler.

-Que las aproximadamente 1.000 VPO construidas y que no se venden (porque a las personas que cumplen todos los requisitos no les dan crédito), se destinen al alquiler y no a la venta al mejor postor para beneficio único de promotores.

-Ampliarla cuantía de las ayudas a la rehabilitación (y no recortarlas, como acaba de hacer el Gobierno de Navarra), pues son muy útiles para el mantenimiento del empleo en el sector, la mejora de la eficiencia energética y el ahorro en las viviendas, y la mejora de la condiciones de vida y accesibilidad de personas en situación de dificultad.

Ya va siendo hora que lo público ponga en marcha políticas serias cuya prioridad no sea  que unos pocos especulen, sino garantizar un derecho fundamental.

Ante todo ello, al calor de la tramitación de un cambio en la ley de Vivienda, hemos planteado una serie de enmiendas a la ley (y por tanto de obligado cumplimiento) que suponen:

 

-         Hoy Nasuvinsa gestiona de su propiedad 1000 viviendas en alquiler, 489 son de la bolsa de vivienda privada y 3.271 viviendas de promotoras privadas todas ellas sujetas al alquiler público. Lo que planteamos es que todas estas viviendas tengan un precio por m2 igual al de las viviendas de NAsuvinsa, lo que supondría bajar los precios de las viviendas privadas en alquiler público entre un 13,9% y un 40%.

-         Eliminación del aval de tres meses que se viene exigiendo para el alquiler público. Esto supone que muchas familias necesitadas, además de la fianza de un mes, se les exija avales superiores a los 1.500 euros, totalmente inasumibles. Mantenemos la fianza de un mes.

-         Se elimina el hecho de que aquellas personas que llevan empadronadas más de 4 años o más de 7 años tengan prioridad en la adjudicación. Que todo empadronado tenga el mismo derecho.

-         Que el arrendador pague el impuesto de Contribución Urbana, hoy solo ocurre en NAsuvinsa, y las privadas lo repercuten a los inquilinos.

-         Dar máxima prioridad a familias desahuciadas, en lugar de los 5 puntos en el baremo que plantea el Gobierno, lo cambiamos a 12 puntos, que es el máximo que contempla la ley actual en casos de vivienda inadecuada al tamaño familiar.

arriba
iu batzarre los verdes plataforma navarra por el cambio
CREATIVE COMMONS · Web realizada con código abierto y publicada con software libre (GNU/GPL)
recortes no