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Nuestras conclusiones sobre el caso Goicoechea-Barcina
Viernes, 28 de Febrero de 2014
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Nuestras conclusiones sobre el caso Goicoechea-Barcina
CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CASO GORICOECHEA-BARCINA DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA-EZKERRA

La Comisión de Investigación se creó para analizar los siguientes extremos:
1.º El estado de las Cuentas de Navarra, su evolución desde 2011 y su relación con la aplicación de políticas para el cumplimiento del objetivo de déficit.
2.º Las directrices efectuadas por la Presidenta del Gobierno de Navarra para retrasar las devoluciones del IVA incumpliendo los plazos establecidos legalmente y los efectos que ha supuesto sobre la Economía Navarra.
3.º Las acusaciones formuladas por la exdirectora gerente de la Hacienda Foral sobre injerencias constantes en grado de tentativa de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo contra la independencia de la Hacienda Foral.
4.º Las acusaciones formuladas por la exdirectora gerente de la Hacienda Foral en relación con la petición de información personal protegida por la ley por parte de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo y de la Presidenta del Gobierno de Navarra
Una vez realizados sus trabajos, la Comisión de Investigación considera acreditados los siguientes hechos.

A) En cuanto al estado de las Cuentas de Navarra, su evolución desde 2011 y su relación con la aplicación de políticas para el cumplimiento del objetivo de déficit.

Además de los efectos perniciosos para la economía de Navarra y de las empresas afectadas por la decisión de retrasar las devoluciones de IVA más allá del plazo establecido (que vemos en el punto siguiente), ha quedado acreditada la total falta de transparencia y opacidad de la Presidenta del Gobierno y de la Vicepresidenta a la hora de adoptar importantes decisiones en materia económica.

Esto se ha producido tanto con la decisión de retrasar la devolución del IVA más allá del plazo establecido, como en todo lo relacionado con el acuerdo con el Gobierno Central en materia de cumplimiento de déficit para los años 2014-2016, capitales para el devenir de la economía de Navarra y la evolución de los ingresos públicos con los que hacer sostenibles los servicios públicos esenciales del Estado de Bienestar.

Es patente la falta absoluta de criterio y objetivos en materia fiscal, cuestión clave para la economía Navarra y los ingresos de la hacienda pública que sostienen el conjunto de servicios públicos competencia del Gobierno de Navarra, el retraso injustificado en la negociación con el Estado del Convenio Económico, igualmente clave para la economía de Navarra y los ingresos públicos y el retraso en convenir con el Estado nuevos impuestos para Navarra, muy importantes para mejorar los ingresos públicos en un contexto de fuerte caída de los mismos.

B) En cuanto a las directrices efectuadas por la Presidenta del Gobierno de Navarra para retrasar las devoluciones del IVA incumpliendo los plazos establecidos legalmente y los efectos que ha supuesto sobre la Economía Navarra.

Ha quedado acreditado que la orden firmada por la Consejera de Economía y autorizada y ordenada por la Presidenta del Gobierno para retrasar determinadas devoluciones de IVA a los contribuyentes, es una ilegalidad administrativa realizada a sabiendas, y que se hizo sin que estas solicitaran un informe jurídico al respecto que diera seguridad jurídica, máxime cuando se trataba de retrasar pagos de varias decenas de millones de euros. Sobre esta cuestión ténganse en cuenta las consecuencias que derivan de los siguientes preceptos legales.
1. Con carácter general, y en contra de lo que han mantenido algunos comparecientes ante la Comisión, todos los plazos establecidos en las leyes vinculan tanto a la Administración como a los ciudadanos.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (aplicable con carácter general a todos los procedimientos, incluidos los tributarios)
Artículo 47 Obligatoriedad de términos y plazos
Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
Artículo 7. Derecho a una buena administración.
1. Todo ciudadano tiene derecho a que los órganos integrantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular:
d) El derecho a obtener una resolución expresa por parte de la Administración dentro del plazo legalmente previsto.

2. Tanto las autoridades como los funcionarios son responsables de hacer cumplir los plazos.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 41 Responsabilidad de la tramitación
1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.
2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública que corresponda.
3. Los ciudadanos tienen derecho a que Hacienda les haga las devoluciones correspondientes sin necesidad de solicitarlo. Se sobreentiende que dentro de plazo; si se incumple el plazo tienen derecho a recibir el interés de demora también sin necesidad de reclamarlo.

Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria
Artículo 9 Derechos generales de los obligados tributarios
1. Constituyen derechos generales del obligado tributario los siguientes:
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la presente Ley Foral, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 50.2.c), sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto de aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla con éstas.
En lo relativo a esas devoluciones no se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el procedimiento imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de intereses de demora.
Artículo 88 Devoluciones de oficio
La Administración tributaria devolverá de oficio las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa específica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora regulado en el artículo 50.2.c), sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho interés se devengará desde la finalización del plazo del que dispone la Administración tributaria para practicar liquidación provisional hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto a aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla con ellas.
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de intereses de demora.

4. Los funcionarios que –sin motivo- no cumplan con los plazos legales establecidos incurren en incumplimiento de sus obligaciones y pueden ser sancionados.

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
Artículo 53 Principios éticos
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
Artículo 56
Los funcionarios en situación de servicio activo están obligados:
l) A cumplir las obligaciones esenciales, no comprendidas en los párrafos anteriores, que la legislación básica del Estado imponga a los funcionarios públicos.
Artículo 62
Son faltas leves:
f) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de los deberes que no perturben el eficaz funcionamiento del servicio ni causen perjuicios a la Administración o a los ciudadanos.
Artículo 63
Son faltas graves:
l) En general, el incumplimiento de los deberes que perturbe el eficaz funcionamiento de los servicios o produzca perjuicios a la Administración o a los ciudadanos.
Artículo 64
Son faltas muy graves:
k) En general, el incumplimiento de los deberes que cause notables perturbaciones al eficaz funcionamiento de los servicios o perjuicios de gran entidad a la Administración o a los ciudadanos.
Artículo 66
Incurrirán en responsabilidad no sólo los autores de las faltas, sino también los superiores que las toleren y los funcionarios que las encubran, así como los que induzcan a su comisión.

5. Esas disposiciones generales se reiteran en materia tributaria:

Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria
Artículo 87 Plazos
1. El plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia Administración interrumpirán el cómputo del plazo para resolverlo.
2. Si venciere el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que el órgano competente la hubiera dictado expresamente, se producirán los efectos que establezca su normativa específica. A estos efectos, todo procedimiento de gestión tributaria deberá tener expresamente regulado el régimen del silencio administrativo que le corresponda.
3. Queda excluido de las previsiones anteriores el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro.
4. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites.
La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja.
Asimismo podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
La estimación de la queja dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario responsable.

6. Aunque  exista una cultura de tolerancia en las administraciones públicas donde jamás se exige a nadie la responsabilidad por incumplimiento de plazos, lo que parece haber  llevado a algunos comparecientes a considerar que los plazos no obligan a la Administración, solo a los ciudadanos, y que incluso se puede ordenar el incumplimiento de los plazos sin que exista ninguna responsabilidad por ello,  es claro que no se puede ordenar a los funcionarios que infrinjan las disposiciones legales, y que estos no tienen deber de obedecer las órdenes que infrinjan el ordenamiento:

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
Artículo 54 Principios de conducta
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
Artículo 95 Faltas disciplinarias
2. Son faltas muy graves:
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

7. En resumen, no se puede aceptar la afirmación de algunos comparecientes de que el único efecto del incumplimiento del plazo de devolución del IVA sea que se pague el interés de demora (que, por definición, se vincula a un incumplimiento de plazo). Ese retraso supone una violación del derecho del contribuyente a la devolución en plazo, una infracción del deber de las autoridades y funcionarios a resolver en plazo, y abre la posibilidad de exigir la correspondiente responsabilidad –disciplinaria en el caso de los funcionarios, política o penal en el caso de los cargos políticos-.

8. La medida de retraso en la devolución del IVA, además de suponer una infracción de lo que disponen las leyes, queda acreditado que ha supuesto un perjuicio para la economía navarra.

Este perjuicio se sustancia en una diminución muy importante de los ingresos de la Hacienda Foral en el año 2013, ocultado deliberadamente tanto por la Consejera de Economía y Vicepresidenta, Lourdes Goicoechea, como por la Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, tanto en sucesivas comparecencias parlamentarias como ante la opinión pública.

Esta decisión de retrasar el IVA se adopta sin dar traslado de la medida a las empresas afectadas y sin facilitarles un mecanismo de financiación específico (que no fuera el establecido para los seis meses contemplados en el plazo legal) para hacer frente al retraso de ingresos que iban a sufrir dichas empresas.

Además, crea un perjuicio directo a las empresas pues aunque se les abona los intereses de demora a precio de valor del dinero, nunca una empresa obtiene crédito a ese interés o a un tipo inferior.

Finalmente, cabe destacar que ni desde la Presidencia del Gobierno ni desde la Consejería de Economía se estudió ni previeron los efectos perniciosos en las empresas afectadas,tanto por el pago de intereses superiores al valor del dinero, como por el efecto negativo que en materia de liquidez de las empresas provoca la medida, pudiendo ocasionar pérdidas de puestos de trabajo, disminución de la actividad, etc.

C) En cuanto a las acusaciones formuladas por la exdirectora gerente de la Hacienda Foral sobre injerencias constantes en grado de tentativa de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo contra la independencia de la Hacienda Foral.

1.    La Ex Gerente de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, afirma que la Vicepresidenta y Consejera de Economía le pidió el Plan de Inspección Fiscal de la Hacienda Foral en el marco de una comida informal, siendo este un documento especialmente protegido al que ningún cargo político tiene derecho a acceder. Se trata de una petición totalmente improcedente, cuyas consecuencias en caso de que se facilite ponen en peligro la eficacia de la inspección tributaria si llega a manos de los contribuyentes que van a ser objeto de inspección. Cabe destacar que Idoia Nieves relata este hecho a varias personas, una de las cuales, el Sr. Arana, lo confirma con su testimonio en la Comisión. Igualmente, tanto la Sra. Nieves como la Sra. Goicoechea confirman que la cita para comer se produjo.

2.    La Sra. Goicoechea realizó gestiones que deben considerarse una intromisión e injerencia en la Hacienda Foral al pedir, según el testimonio y las notas escritas de la Sra. Nieves, que se “tratara bien” a una empresa de la que había sido asesora. Este extremo, el que la empresa aludida era una de las antiguas clientes de la asesoría de la Sra. Goicoechea, la confirma ella misma en su declaración en la Comisión.

En el caso de las gestiones realizadas y confirmadas por la propia Sra. Goicoechea respecto a una empresa conservera de la que había sido asesora, la Comisión de Investigación concluye que constituye un incumplimiento de los siguientes preceptos legales:

-    LEY FORAL 14/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE SU PRESIDENTE

Artículo 11. Abstención.

1. Los miembros del Gobierno de Navarra vienen obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en los que hubiesen participado en el ejercicio de sus actividades privadas o de aquellos otros que afecten a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento, representación, administración o capital social hayan participado o participen, tanto ellos como su cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, así como sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo de afinidad.

2. Se consideran también causas de abstención las establecidas en la legislación básica de régimen jurídico y procedimiento administrativo.

3. En los supuestos de abstención del titular de un Departamento al que corresponda la propuesta de algún asunto concreto que haya de aprobar o resolver el Gobierno de Navarra, aquél será sustituido en dicha propuesta por el Consejero Secretario del Gobierno, y si se tratase de este último, será sustituido por el Consejero más antiguo en el cargo, y a igualdad de ellos, por el de más edad. La abstención se producirá por escrito dirigido al Presidente del Gobierno de Navarra, a través del Consejero Secretario del mismo, para su adecuada expresión y constancia.

-    LEY FORAL 2/2011, DE 17 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Artículo 2. Principios éticos.

(…) 9. Ejercerán sus atribuciones según los principios de buena fe y dedicación al servicio público y se abstendrán no solo de conductas contrarias a aquellos, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos que tuvieran encomendados.

-    LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Artículo 28 Abstención

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:

    a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
    b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
    c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
    d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
    e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.


3.    La Sra. Nieves afirma, mediante su testimonio y notas escritas personales de una reunión celebrada con la Consejera el día 8 de abril de 2013, que considera una intromisión e injerencia no procedente de su superior jerárquica, la Sra. Goicoechea, el hecho de que esta le pidiera que hablase con la Inspección de Hacienda para ver si “podía hacer algo” respecto a una empresa que estaba siendo inspeccionada por beneficios fiscales. 

Respecto a este hecho, la Sra. Goicoechea deja testimonio de que simplemente se interesó por el caso y que en modo alguno quiso entrometerse.

Esta Comisión de Investigación, dados los documentos aportados y los testimonios prestados, da credibilidad a las afirmaciones y escritos aportados por la Sra. Nieves respecto al intento de injerencia e intromisión de la Sra. Goicoechea con la voluntad de hacer variar la actuación de la inspección tributaria.

4.    La Sra. Goicoechea solicitó un informe jurídico al Secretario Técnico del Departamento para cuestionar el método utilizado por los técnicos de la Hacienda Foral en la inspección a varias empresas de hostelería, y que este informe se hizo sin conocer los pormenores de la misma ni los criterios jurídicos de la propia Hacienda Foral como Organismo Autónomo. Este hecho ha sido calificado por la Sra. Nieves calificó de “Injerencia e Intromisión” en la Hacienda Foral por parte de la Consejera, calificativos que la Comisión de Investigación comparte.

5.    La Sra. Consejera cuestiona el criterio utilizado por la Hacienda Foral en un proceso de inspección y sanción a la Universidad de Navarra por valor de 1,5 millones de euros, y le comunica a la Sra. Nieves su discrepancia, con el siguiente texto: “me parece una faena para  la Universidad de Navarra y desde luego viendo la norma que aprobó para el ejercicio 2012, me parece tremendo, yo creo que no es una buena política. Lo voy a comentar con la Presidenta ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad.”

Este y otros hechos, llevan a la Sra. Nieves a entender que se trata nuevamente de una intromisión e injerencia en la Hacienda Foral, realizado por una superior jerárquica, con lo que ello supone de duda de cara a si le estaba dando una orden de que variara el criterio y favoreciese a la Universidad de Navarra en este caso o si simplemente eran comentarios. En todo caso los comentarios son claramente discrepantes con el criterio de la Hacienda Foral, lo que esta Comisión entiende como impropios en la medida en que se defienden intereses privados frente al criterio de los técnicos de la Hacienda Foral.

Ante estos hechos conocidos por la Sra. Presidenta a la que se le remite la comunicación entre la Sra. Nieves y la Sra. Goicoechea, la Presidenta afirma que no tomó ninguna medida ni que hablase con la Sra. Consejera posteriormente. Este hecho nos lleva a deducir que la Sra. Presidenta compartía los criterios y actuaciones de la Sra. Goicoechea, siendo copartícipe de la intromisión e injerencia en la Hacienda Foral en grado al menos de no asumir su responsabilidad de superior jerárquica con la Sra. Goicoechea desautorizando sus injerencias e intromisiones.


D) En cuanto a las acusaciones formuladas por la exdirectora gerente de la Hacienda Foral en relación con la petición de información personal protegida por la ley por parte de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo y de la Presidenta del Gobierno de Navarra


La Sra. Nieves afirma que la Sra. Goicoechea le pidió acceso a los datos fiscales confidenciales de Consejeros y empleados de la antigua Caja de Ahorros de Navarra a petición de la Presidenta del Gobierno Yolanda Barcina, y que este hecho lo dio a conocer a varias personas.

Se da la circunstancia de que en ese momento se había llamado a declarar como imputados a varios altos cargos de UPN por el cobro indebido de las conocidas como “dietas de la CAN”, y  estaba pendiente conocer si el Tribunal Supremo imputaba o no a Yolanda Barcina por los mismos motivos.

Igualmente, queda acreditado documentalmente que el informe sin firmar que le envía la Sra. Nieves a la Sra. Goicoechea sobre este particular no versa sobre la titularidad de los datos aludidos sin no que versa sobre una petición de acceso a la información reservada en la medida en que en el correo electrónico en el que se envía aparece literalmente en el epígrafe “Datos Adjuntos”: “Notas sobre solicitud accesos a datos protegidos CAN.”

Cabe destacar igualmente que en las fechas en que se produce, no existía ninguna pregunta parlamentaria viva sobre este particular, que anteriormente ya se había respondido a Parlamentarios de que se trataba de información reservada, y que el requerimiento judicial de acceso a la información aludido por la Sra. Goicoechea se produce después de su petición de información. Estos hechos confirman, a juicio de la Comisión de Investigación, que la Sra. Goicoechea y la Sra. Barcina conocían el carácter confidencial de los datos antes de que se realizase la solicitud de acceso a los mismos, y que no mediaba ni petición parlamentaria ni judicial cuando se realiza dicha solicitud.

Estas circunstancias hace creíble la versión dada en la Comisión por la Sra. Nieves que la dada tanto por la Sra. Goicoechea como por la Sra. Barcina.

No resulta tampoco creíble que la Sra. Barcina, como afirmó en la Comisión investigación, pidiese exclusivamente sus datos fiscales a la Sra. Goicoechea cuando es perfectamente conocedora de que solo ella misma podía acceder a los mismos.

Por todo ello, la Comisión de Investigación concluye que:

“Dadas las graves intromisiones e injerencias en la Hacienda Foral con el propósito de favorecer a determinados contribuyentes; el intentó de favorecer a empresas que eran antiguas clientes de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo; que se adoptaron decisiones como la del retraso de las devoluciones de IVA sin mediar informe legal que diera seguridad jurídica con graves consecuencias para la Hacienda Foral y los contribuyentes afectados y que se consideran una ilegalidad administrativa; dados los intentos de acceder a datos absolutamente confidenciales como los contenidos en el Plan de Inspección de Hacienda y los datos confidenciales de Consejeros y Empleados en Caja Navarra, procede que el Parlamento de Navarra repruebe la actuación de la Sra. Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina y de la Sra. Vicepresidenta y Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, exigiendo que se asuman las consiguientes responsabilidades políticas, que se deben sustanciar a través de la dimisión de ambas."



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