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Presentamos alegaciones al PSIS de Donapea
Martes, 18 de Diciembre de 2012
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Presentamos alegaciones al PSIS de Donapea

Presentamos alegaciones al PSIS de Donapea

Queremos mostrar nuestro rechazo al traslado de Donapea puesto que genera desigualdades y de forma clara y exclusiva beneficia al OPUS


Esta mañana, los Parlamentarios de IE; Txema Mauleón Y Marisa De Simón, así cómo la Concejala del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, Edurne Eguino, se han acercado al registro general del Gobierno de Navarra para presentar formalmente, las alegaciones de Izquierda-Ezkerra al PSIS de Donapea.

Marisa de Simon, ha declarado que; “es evidente que el Gobierno de Barcina, está anteponiendo el interés particular, en este caso el interés de la Universidad de Navarra, al interés público y general”, además, “el Gobierno pretende disponer de un terreno que es del Ayuntamiento de Pamplona, utilizando un PSIS que no está justificado. Pensamos que la universidad tiene suficiente capacidad para edificar en otra zona, por lo que vemos totalmente improcedente el traslado de  Donapea”

Por otro lado, Eguino, además de mostrar su total desacuerdo con esta operación entre UPN y el OPUS, recuerda que; “este PSIS, hace caso omiso al acuerdo unánime de la oposición del ayuntamiento, no respeta la autonomía municipal y demuestra que UPN quiere gobernar con una autoridad que ya, no se sostiene en su mayoría, puesto que gobierna dando la espalda a la voluntad mayoritaria municipal, a la voluntad de la comunidad escolar Donapea, del claustro y de la sociedad Navarra.”

                                                                                                                                                                                              


AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO
 DEL GOBIERNO DE NAVARRA

    JOSÉ MIGUEL NUIN MORENO y TXEMA MAULEÓN ECHEVERRÍA, en nombre propio y en representación de la coalición IZQUIERDA-EZKERRA, con domicilio a efecto de notificaciones en calle Mayor 20-1º, 31001 Pamplona,

    EXPONEN

    Que en relación con el procedimiento de Participación pública en el proyecto de Plan Sectorial para la implantación de un Campus público de Formación Profesional formulan las siguientes

ALEGACIONES

    1ª.- En cuanto a la inexistente justificación de un “Campus público de Formación Profesional”.

Por mucho que ese Departamento haya rebautizado su proyecto con el sonoro nombre de “Campus público de Formación Profesional”, de los antecedentes y de las circunstancias en que se desarrolla se deduce que el nombre le viene grande, además de ocultarse su verdadero alcance.

El término campus, acepción inglesa aunque de claro origen latino, venía a denominar al conjunto de terrenos y edificios de una universidad. En los últimos años ha ganado prestigio y se pretende aplicar a otras instalaciones no necesariamente universitarias que carecen de las llanuras típicas de las universidades anglosajonas y, sobre todo, de las dimensiones de los centros universitarios. Pero, en todo caso, parece que aludiría a unas instalaciones de ciertas dimensiones y que, en el caso de la Formación Profesional, albergarían un elevado número de especialidades. Aquí se pretende denominar como campus un nuevo centro que albergaría, en el mejor de los casos, a dos centros ya existentes, con escasa ampliación de oferta de títulos sobre los ya ofrecidos en la actualidad, y en el peor de los casos serviría solo para amparar el traslado de un centro de un lugar a otro. 

    En las pretensiones originales del Gobierno de Navarra, las tramitadas inicialmente como modificación del Plan Municipal de Pamplona, luego como PSIS en la misma ubicación, y presentada ahora como una de las alternativas a debate, se da la paradoja de que el supuesto campus reduce notablemente las dimensiones de las instalaciones a las que pretende sustituir. Los actuales 23.159 m2 de la parcela del CIP Donapea y los actuales y aproximados 2.258 m2 de la ETP Sanitaria en el recinto hospitalario se pretenden cambiar por 17.695 m2 en la parcela del antiguo centro San José en Etxabakoitz Norte.

Aunque en el documento de difusión que se propone en el actual procedimiento participativo se indica que “el objeto principal del Plan Sectorial es el desarrollo de la política del Departamento de Educación relativa a la formación profesional en Navarra a través de la creación de un Campus público de Formación Profesional en Pamplona que integre las líneas que actualmente se imparten en el Centro Integrado Politécnico Donapea (CIP Donapea) y en la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra (ESTNA)”, conociendo los antecedentes inmediatos resulta obvio que este no es el objetivo pretendido sino, como mucho, una consecuencia secundaria del objetivo principal.

    En el expediente de modificación del Plan Municipal de Pamplona promovido por el Gobierno de Navarra en el año 2011 y que fue finalmente rechazado por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona el 4 de julio de 2012 los objetivos se describían con toda claridad. Según rezaba el documento donde se justificaba la propuesta:

    “En fecha 18 de marzo de 2011, se suscribió entre el Gobierno de Navarra, la Universidad de Navarra y la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), un Protocolo General para la implantación de tres nuevos centros de investigación en el Campus de Pamplona (Ingeniería Biomédica, Enfermedades Olvidadas, y Nutrición y Dietética), en el que se plasma el interés del Gobierno de Navarra en colaborar con las dos entidades para la consecución del mismo, al incardinarse el proyecto en el PLAN MODERNA, que recoge un modelo de desarrollo basado en la innovación, el alto valor añadido, el desarrollo del talento y su aplicación en áreas económicas como son la salud y el agroindustrial.
    (…) Para el desarrollo del proyecto, se estipula la venta por parte de Gobierno de Navarra al FIMA de la finca, edificios e instalaciones del actual centro de IES Donapea, para lo cual prevé el traslado de éste en un Nuevo Campus de Formación Profesional en Pamplona, cuya construcción se prevé en la parcela de su propiedad en el antiguo Centro San José, de Echavacoiz, el cual integrará la actividad de los actuales IES Sanitaria y el IES Donapea”.

    Queda claro qué es lo principal y qué es lo accesorio; y más adelante, en el mismo documento, se vuelve a expresar con mayor nitidez: “Del Protocolo precitado se derivará la construcción de un Nuevo Campus de Formación Empresarial en Pamplona, en la parcela del antiguo Centro San José,  la implantación de tres nuevos Centros de Investigación y Tecnológicos en el Campus de Pamplona, concretamente en la parcela que está actualmente ocupada por el C.I.P. Donapea, que se traslada el Nuevo Campus de Formación Empresarial” [sic].     Por si quedara alguna duda, no hay más que leer las afirmaciones de un informe municipal de 20 de abril de 2012 que forma parte del expediente de modificación del Plan Municipal: “De la propuesta se deriva la desaparición física de un centro educativo (el IES Donapea). La propuesta traslada la justificación de la supresión de un equipamiento docente al informe del Departamento de Educación. Por tanto, durante la información pública, deberá emitirse dicho informe”. En suma, de lo que se trata es de dejar libre la parcela que se ha ofrecido a la Universidad de Navarra para ampliar su campus (el único campus real que hay en todo este procedimiento), y sólo de forma instrumental hay que buscar alojamiento al centro desplazado aunque sea con menos superficie y compartiendo espacio con la ETP Sanitaria, que entra en la operación para apuntalar las justificaciones sobre la necesidad del supuesto nuevo Campus de FP.

    Fracasado el primer intento por la negativa del Ayuntamiento de Pamplona a aprobar la modificación del Plan Municipal, el Gobierno de Navarra hace un segundo intento aprobando el 25 de julio de 2012 el inicio de los trámites de un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para trasladar el CIP Donapea y la ETP Sanitaria a la misma parcela del antiguo Centro San José. Segundo intento también frustrado por la oposición mostrada por la mayoría del Parlamento de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, así como por otras diversas instituciones, como el claustro y la comisión de personal del CIP Donapea, fuerzas políticas y sindicales, etc. La aprobación de una modificación parcial de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo obliga a dejar en un cajón ese PSIS e iniciar el actual procedimiento dirigido a la elaboración, en su caso, de otro PSIS con mayores garantías.

    En el documento de difusión que se ofrece como base de este proceso participativo se quiere dar la vuelta a la realidad y se inicia afirmando que el nuevo Campus de FP es una aspiración del Departamento de Educación y lo que justifica toda la operación, dedicando las primeras páginas a exponer diversos aspectos sobre la política educativa y, en particular, sobre la Formación Profesional; en la página 8 se afirma que “como consecuencia de la iniciativa anterior promovida por el Gobierno de Navarra, la Universidad de Navarra ha mostrado su interés en adquirir las instalaciones del CIP Donapea que quedarán en desuso” (poniendo el carro delante de los bueyes, ya que el nexo causal es exactamente el contrario) y sólo en la página 14 se menciona el Protocolo firmado por el Gobierno de Navarra, la Universidad de Navarra y la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), como si fuera una consecuencia o un dato colateral (se obvia, por otro lado, que un protocolo es un documento que carece del menor valor jurídico y que no vincula a sus partes, su valor es meramente político). Pero lo cierto es que es lo único inamovible en las propuestas del Gobierno de Navarra. En este documento de difusión se abre un abanico de alternativas donde el CIP Donapea y la ETP Sanitaria pueden trasladarse a cualquier sitio, juntos o separados, con mayores o menores superficies. Queda patente qué es lo accesorio; un Campus de FP que no estaba en los planes del Gobierno de Navarra en la legislatura 2007-2011, ni estaba contemplado en el Plan Moderna (aunque el documento de difusión afirme que es una “iniciativa incardinada en el Plan Moderna”, lo cual se puede afirmar de cualquier cosa que se haga en los próximos años en Navarra dado el carácter generalista de ese documento), que no aparece entre sus prioridades hasta marzo de 2011, hasta que la Universidad de Navarra muestra su interés por la parcela. Que no se oficializa hasta el 11 de mayo de 2012 cuando  se firma el Acuerdo entre UPN y PSN para dinamizar la economía y el empleo y para garantizar el desarrollo presupuestario de 2012 y el cumplimiento del objetivo del déficit, entre cuyas medidas para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo aparece en el punto 2º: “Agilización de Proyectos estratégicos para Navarra se incluyen varios proyectos: TAV, obras en el canal de Navarra, Nuevo centros de formación profesional de San José, la construcción del nuevo centro de FP en Salesianos, Nuevos centros de investigación biomédica”; y en su anexo "Impulso y agilización de actuaciones estratégicas" se fija un importe para el nuevo centro San José de 28.000.000 euros.

El Gobierno de Navarra está subordinando los intereses generales y el sistema educativo público navarro a los intereses privados, en este caso a los de la Universidad de Navarra. Intereses legítimos, pero privados, y que no pueden  ni deben condicionar la actuación de los poderes públicos.

La Universidad de Navarra dispone de capacidad edificatoria más que suficiente en sus propias parcelas para poder construir los tres centros de investigación médica que figuran en el mencionado protocolo sin necesidad de interferir en el desarrollo de los centros educativos públicos. Las sociedades vinculadas a la Universidad de Navarra son propietarias de numerosas parcelas dentro de su campus universitario gran parte de las cuales están sin edificar, entre ellas:

    - Parcela 2765 del polígono 4. Superficie: 61.143,42 m2. Unidad integrada XXII ZNO-1 del Plan Municipal. Suelo urbano no consolidado dotacional docente privado (junto al CIMA).

    - Parcela 2049 del polígono 4. Superficie: 25.200,00 m2. Unidad integrada XXII ZNO-1 del Plan Municipal. Suelo urbano no consolidado dotacional docente privado (junto al CIP Donapea, hacia el oeste).

    - Parcela 2731 del polígono 4 con 262.940 m2. Unidad integrada XXII ZNO-1 del Plan Municipal. Suelo urbano no consolidado dotacional docente privado, está edificada una parte pero quedan solares disponibles y sin obstáculos al lado del museo en construcción, 20.815 m2 disponibles, o debajo del museo otros 35.578 m2 disponibles.

- Parcela 2062 del polígono 4 con 32.483 m2. Unidad integrada XXII ZNO-1 del Plan Municipal. Suelo urbano no consolidado dotacional docente privado.

En total las empresas de la Universidad de Navarra poseen unos 431.000 m2 de terreno edificable. El Defensor del Pueblo en respuesta a la queja planteada el 27 de junio de 2012 por 94 personas, todas ellas integrantes de la comunidad escolar del CIP Donapea, sugiere al Departamento de Educación que valore si es posible compatibilizar el mantenimiento de las instalaciones del CIP Donapea con la futura implantación de los tres nuevos centros de investigación biosanitaria.

    2ª.- En cuanto a la improcedencia de trasladar el CIP Donapea de su ubicación.

El traslado del CIP Donapea no es una prioridad, ni siquiera es una necesidad, y únicamente se ha puesto sobre la mesa por el interés de la Universidad de Navarra de hacerse con su parcela para ampliar su propio campus. No hay motivos pedagógicos, educativos, de organización escolar o de falta de espacio que justifiquen un traslado. Se trata de  un centro que se encuentra en un lugar muy apropiado para el estudio y la docencia y con posibilidades de crecimiento y de adaptaciones, que no sólo imparte “formación en las ramas administrativas y de gestión, electricidad y electrónica, química y automoción”, como señala el documento de difusión, sino también otros estudios como Bachillerato Tecnológico en euskera, Curso Preparatorio de la prueba de acceso a ciclos de grado superior,  Programas de Cualificación Profesional Inicial y cursos de formación continua.

Si bien es cierto que el centro, en estos momentos, necesita algunas reparaciones de algunas partes del edificio debido al deterioro que han sufrido sus instalaciones en los más de 30 años de funcionamiento, no se precisa un nuevo edificio. Basta con su mejora en su ubicación actual con la inversión necesaria para ello, arreglando las deficiencias de calefacción y otras y ampliando las instalaciones si hace falta, porque hay terreno suficiente (23.000 m2). En un contexto en el que el sistema educativo público cuenta con tantas instalaciones obsoletas, inadecuadas e insuficientes por toda Navarra no tiene sentido trasladar un centro que con una pequeña inversión está en perfectas condiciones de seguir prestando servicio.

El traslado del CIP Donapea ha sufrido un amplio rechazo social desde el principio. La mayoría sindical representante de los trabajadores de la enseñanza pública se opone a este traslado. La comunidad educativa de este centro y el personal no docente considera que no es necesario el traslado, que no hay razones pedagógicas, educativas o de espacio para ello.

    Por otro lado, el Gobierno de Navarra pretende disponer de unos terrenos cuya titularidad última corresponde al Ayuntamiento de Pamplona.  El documento de difusión disimula el hecho de que hay una doble inscripción en el Registro de la Propiedad y que la inicial es la del Ayuntamiento, señalando solo la inscripción a favor de la Comunidad Foral; un problema jurídico que elude explicar y solo detectable en los anexos documentales para lectores expertos en la materia. Los terrenos de Donapea fueron cedidos a la Administración del Estado en el año 1976 para el exclusivo fin de la construcción de un Instituto. La normativa reguladora de los bienes de las Entidades Locales en el momento de la cesión establecía  (artículo 97 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales  de 1955) que el destino de los bienes cedidos debía mantenerse 30 años y que si no se mantuviera provocaría la reversión automática al Ayuntamiento con sus  pertenencias y accesiones.    En parecido sentido la Ley Foral de la Administración Local de Navarra de 1990 (artículo 136) y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra (artículo 135). Aunque han transcurrido más de treinta años desde la puesta en funcionamiento del Instituto, con las sentencias del Tribunal Supremo de 14-2-2006 (RJ 2006/2105), 21 de febrero de 2006 (RJ 2006/1932) se ha producido un cambio en la jurisprudencia de modo que la Administración cedente (en este caso el Ayuntamiento) puede solicitar la reversión de los bienes cuando cambian de destino aun cuando ya haya transcurrido ese plazo.  Por otro lado, en convenio urbanístico del Ayuntamiento de Pamplona con el Gobierno de Navarra aprobado inicialmente en sesión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 27 de marzo de 2012 y definitivamente por el mismo órgano el 26 de junio (documento incluido como anexo en el documento de difusión), se señala el siguiente compromiso del Gobierno de Navarra: «En  el plazo de dos meses a partir de la aprobación definitiva de las dos modificaciones del Plan Municipal, el Gobierno de Navarra otorgará documento público, con intervención del Ayuntamiento de Pamplona y en los términos que resulten procedentes, con posterior inscripción registral, en el sentido de incorporar una cláusula en la finca del antiguo Centro San José de Echavacoiz (finca registral 8662, parcela catastral 2340 del polígono 4) que incluya una restricción voluntaria de la propiedad con el siguiente tenor: “El Gobierno de Navarra se compromete al uso de esta parcela como dotación pública de carácter educativo durante un plazo de, al menos, treinta años; en el caso de que cesara este uso antes de cumplirse el plazo mínimo señalado, cederá gratuitamente la totalidad de la finca y sus edificaciones e instalaciones al Ayuntamiento de Pamplona”».

    3ª.- En cuanto al traslado de la IES Sanitaria.

Al contrario que el CIP Donapea, sí es cierto que la ETP Sanitaria necesita una solución inmediata a sus problemas de ubicación, solución que se puede resolver con mucha menos inversión de la prevista en el proyecto de Campus de FP.

    Entendemos que procedería el traslado de la ETP Sanitaria al solar de Etxabakoitz Norte donde se ubicó el antiguo Centro San José, construyendo para ello un edificio mucho más pequeño que el previsto y por tanto de menor coste. El propio documento de difusión del proceso de participación reconoce la ventaja de que este centro docente se halle próximo al complejo hospitalario de Navarra: “Esta situación de cercanía a centros sanitarios se considera fundamental y estratégica ya que aporta al centro un marco idóneo y cercano al propio entorno profesional de los titulados, convirtiéndose asimismo en el medio organizativo que potencia sinérgicamente la utilización de instalaciones y equipamientos y las relaciones técnico-profesionales entre el sector sanitario y el centro de formación profesional”.

    4ª.-La alternativa de Lezkairu.

El documento de difusión plantea como alternativa al solar de Etxabakoitz Norte la parcela de Lezkairu que estaba destinada a edificar el “Complejo médico tecnológico”. Una opción innecesaria, dado que la mejor ubicación para el CIP Donapea, como hemos dicho, es Donapea, y la mejor ubicación para la ETP Sanitaria es el entorno del complejo hospitalario.

Por otro lado, esa parcela de Lezkairu es municipal, la recibió el Ayuntamiento de Pamplona como cesión dotacional de los promotores de Lezkairu. Como reconoce el documento de difusión, el 30 de abril de 2010 se formalizó en escritura pública la cesión gratuita de la parcela por parte del Ayuntamiento de Pamplona a favor del Gobierno de Navarra, pero condicionada a que la misma fuese destinada a la construcción del “Complejo Médico Tecnológico de Navarra”.  La propiedad revierte en el Ayuntamiento de no iniciarse las obras en el plazo de dos años a contar desde el acuerdo de cesión, plazo prorrogado por dos más; y es obvio a estas alturas que en abril de 2014 no van a estar iniciadas esas obras por la actual situación de crisis económica. Se trata de 23.000 m2 de propiedad municipal para usos dotacionales públicos que deben mantenerse en reserva para el “Complejo médico tecnológico”, si llega a realizarse pasada esta etapa de crisis económica o, en su caso, para otra dotación.

5ª.- En cuanto a la inviabilidad económica del proyecto.

Desde la perspectiva de la financiación del futuro Campus de FP cuyo coste ha sido estimado por el Gobierno de Navarra en 25 millones de euros, es  necesario considerar que el propio consejero de Fomento del Gobierno de Navarra reconoció el pasado 14 de noviembre en rueda de prensa que no se podría financiar con la venta del solar de Donapea a la Universidad de Navarra.
El consejero afirmó que “la parcela de Donapea, si uno examina los valores catastrales, no llega ni mucho menos a la inversión que se quiere hacer” y que “se va a tener que gastar bastante dinero”. Conclusiones contrarias a las que se habían sugerido con anterioridad, que la operación requería escasa financiación porque el coste del nuevo Campus de FP se sufragaría con la venta de la parcela de Donapea.

Las inversiones en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra están siendo drásticamente recortadas en los últimos años. En 2010 la inversión directa del departamento (capitulo 6) fue de 31.001.712 euros. En 2012 cayó a los 10.121.156 euros y la previsión para 2013 (proyecto de PGN-2013) se reduce hasta los 8.742.527 euros.

El Gobierno de Navarra reconoce que de la venta del solar de Donapea no se obtendrán ni de lejos los 25 millones que cuesta el nuevo Campus, tampoco aporta esa financiación desde los presupuestos generales de Navarra.  El documento de difusión de este proceso participativo está completamente ayuno de un estudio de viabilidad económica. En consecuencia, cabe concluir que a día de hoy el Gobierno de Navarra no tiene definida ni garantizada la financiación, por lo que en términos financieros es un proyecto inviable.

    6ª.- En cuanto a la improcedencia de tramitar un PSIS.

Como señala la exposición de motivos de la Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre, de modificación del artículo 42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal fueron establecidos inicialmente en la Ley Foral 12/1986, de 11 de noviembre, de Ordenación del Territorio y actualmente se regulan entre los instrumentos de ordenación territorial en los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Inicialmente la vocación de este tipo de instrumentos, tanto en la legislación foral como en la de otras Comunidades Autónomas (con la denominación de Planes o Proyectos Regionales, Supramunicipales, de Interés Supramunicipal, de Singular Interés, de Actuación Territorial, etc.), era regular la implantación de infraestructuras, dotaciones e instalaciones que tuvieran un interés superior al estrictamente municipal tales como carreteras, autovías, obras hidráulicas, obras de transporte de energía, etc. Posteriormente su objeto ha ido ampliándose y ha llegado a abarcar incluso actuaciones residenciales, afectando a determinaciones anteriormente típicas del planeamiento urbanístico municipal. Resulta así que, pese a su definición como instrumentos de ordenación del territorio, esto es, “el conjunto de criterios expresamente formulados, normas y planes que orienten y regulen las actuaciones y asentamientos sobre el territorio, en función del objetivo de conseguir una adecuada relación entre territorio, medio ambiente, población, actividades, servicios e infraestructuras”, acaban confundiéndose en su objeto con el planeamiento, tanto en cuanto a sus determinaciones estructurantes, “aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro”, como a sus determinaciones de ordenación pormenorizada, “las que precisan las anteriores hasta el grado suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución material”. La facultad del Gobierno de Navarra para, no sólo condicionar las competencias urbanísticas locales, sino incluso para asumir su ejercicio directamente modificando el planeamiento municipal vigente de modo que no suponga un vaciamiento competencial de las entidades locales debe restringirse a casos realmente excepcionales y justificados donde la actuación prevista lo exija sin que la ordenación pueda realizarse a través del planeamiento urbanístico ordinario. Sin embargo, en la actualidad la conceptuación de estos instrumentos de ordenación del territorio resulta excesivamente ambigua y produce el riesgo de que se utilicen más allá de su finalidad propia como una suerte de alternativa al planeamiento urbanístico de la que puede hacer uso discrecional el ejecutivo foral para sustituir en sus funciones propias a los municipios cuando convenga, no por motivos de ordenación territorial, sino por los más diversos motivos de interés político, administrativo o económico. La declaración de la incidencia supramunicipal se ha convertido en un acto meramente formal que, con frecuencia, se refiere a actuaciones o infraestructuras cuya incidencia territorial (otra cosa es la incidencia demográfica, residencial, comercial, económica, cultural, etc.) es estrictamente municipal. Se ha posibilitado con la actual regulación un uso extensivo de estos instrumentos que, además de desnaturizarlos, permiten invadir de modo claro el ámbito de la autonomía local que abarca, como uno de sus contenidos más típicos, a la ordenación urbanística del territorio municipal.

La modificación del citado art. 42 pretendía evitar esos efectos, aunque su texto final solo lo consigue de forma parcial. De todos modos, el PSIS que se pretende no cumple ninguno de los tres requisitos establecidos en el art. 42.4:

a) “Que las actuaciones o infraestructuras previstas afectan a la ordenación del territorio en un ámbito supramunicipal y que o bien poseen una función vertebradora y estructurante del territorio; sirven para desarrollar, implantar o ejecutar políticas sectoriales del Gobierno de Navarra, de las entidades locales o del Estado en la Comunidad Foral; o corresponden a determinaciones previstas en legislación foral sectorial”. Como ya se ha dicho, se trata simplemente del traslado de centros educativos dentro del mismo término municipal, no afectan a la ordenación del territorio, y su finalidad última es simplemente dejar libre una parcela para transmitirla a la Universidad de Navarra, variando su carácter dotacional público a dotacional privado.

b) “Que tal declaración es necesaria para garantizar la adecuada inserción en el territorio de las actuaciones, infraestructuras, dotaciones e instalaciones que constituyen su objeto, su conexión con las redes y servicios correspondientes sin menoscabo de la funcionalidad de los existentes, su adaptación al entorno en el que se emplacen y su articulación con las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial vigente, o su justificación en planes o programas públicos aprobados por las administraciones competentes, o en determinaciones de legislación foral sectorial”. No hacía ninguna falta el PSIS para todo ello, y la mejor prueba es que inicialmente el Gobierno de Navarra tramitó el proyecto como modificación del Plan Municipal de Pamplona. Es el rechazo municipal lo que lleva a un uso alternativo y abusivo del PSIS.

c) “Que previamente a la aprobación o desestimación de la declaración de incidencia supramunicipal del proyecto o plan sectorial por parte del Gobierno de Navarra a que hace referencia el artículo 45.1.b) de la presente Ley Foral, el mismo haya sido sometido a un proceso de participación y socialización con los agentes sociales y territoriales afectados mediante un Plan de Participación pública, en el que se observarán las garantías, condiciones y derechos previstos en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto”. Este precepto resulta contradictorio en sí mismo; el art. 35.3.d de la citada Ley Foral 11/2012 dispone que quedan excluidos en todo caso del ámbito de aplicación de sus garantías para la participación de la ciudadanía en la elaboración de determinados planes y programas de carácter general “los planes y programas de carácter general que se rijan por una normativa específica de elaboración y aprobación en la que ya existan actos o trámites de audiencia o información pública”, caso específico de los PSIS. El art. 42.2 dispone que “la Administración Pública establecerá los medios necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan colaborar en el diseño y elaboración de programas anuales y plurianuales, en los que se definirán los objetivos concretos a conseguir, las actividades y medios necesarios para ejecutarlos, el tiempo estimado para su consecución y las personas o los órganos responsables de su ejecución”; como ya se ha señalado, en este caso, no se definen los medios necesarios, en particular los medios financieros. Se proponen alternativas a los ciudadanos sin que existan los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo y sin que sea posible llegar a conclusiones sobre su viabilidad económica.

Se afirma en el documento de difusión que “todos los equipamientos objeto del Plan tienen un papel estructurante y vertebrador de acuerdo a las determinaciones del Plan de Ordenación Territorial (POT3) del Área Central, aprobado por Decreto Foral 45/2011, de 16 de mayo, vigente desde su publicación en el B.O.N.”.  No sólo los equipamientos objeto del Plan; todos los equipamientos, en general, ubicados en Pamplona lo tienen según la interpretación extensiva que pretende hacer el Gobierno de Navarra. De aceptarla, habría que considerar que no cabe planeamiento municipal alguno dado que el carácter de capital de la Comunidad Foral y núcleo del Área Metropolitana que acoge a más de la mitad de la población de Navarra dota a cualquier actuación, por nimia que sea, de incidencia supramunicipal. Se hace un claro abuso del concepto que es absolutamente rechazable.

Por todo lo cual

SOLICITAN:

Que se tengan por formuladas las presentes alegaciones o sugerencias y, en virtud de todo lo expresado, por ese Departamento se adopten las siguientes actuaciones:

-Renunciar a la tramitación del PSIS propuesto.

-Renunciar a la promoción del nuevo Campus de FP.

-Mantener el CIP Donapea en su ubicación actual, previendo los recursos necesarios para la adaptación, mejora y el mantenimiento adecuado de sus instalaciones.

-Promover la modificación del Plan Municipal de Pamplona necesaria para el traslado de la ETP Sanitaria a la parcela del antiguo Centro San José en Etxabakoitz Norte, así como el proyecto de edificación de las instalaciones adecuadas para dicho centro docente.

-Promover los acuerdos oportunos con la Universidad de Navarra para que pueda impulsar sus tres nuevos Centros de Investigación Médica Aplicada previstos dentro de sus propios terrenos en el campus universitario.

Pamplona-Iruña, a 19 de diciembre de 2012







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