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Presentamos en el Parlamento una Proposición de Reforma Constitucional dirigida al Congreso de los Diputados para blindar el aumento anual de las pens
Miércoles, 18 de Abril de 2018
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Presentamos en el Parlamento una Proposición de Reforma Constitucional dirigida al Congreso de los Diputados para blindar el aumento anual de las pens

Se propone reformar el artículo 50 de la Constitución y derogar los índices de revalorización y de sostenibilidad introducidos en 2103 por el PP

También se propone recuperar el poder adquisitivo perdido por las pensiones durante los años de aplicación de la reforma de pensiones del PP

Las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la gestión neoliberal de la misma, se siguen notando en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Sigue habiendo millones de personas a las que la recuperación económica tantas veces cacareada no ha alcanzado en absoluto.

Entre los colectivos más castigados se encuentra el de personas pensionistas, cuyo poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores. Y eso, con una pensión media actual en España de 932 euros; aún peor, estando la pensión más habitual entre 600 y 650 euros, cifra inferior a la que marca la exclusión social.

Las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y en 2013 incorporaron elementos muy regresivos que nos alejan del mandato constitucional de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.

Así en 2011, con gobierno del PSOE, se aprobó el progresivo retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, se aumentó el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión de jubilación de los 35 a los 37 años, se endurecieron las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, se modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de las pensiones y los tipos aplicables en función del número de años cotizados, lo que se ha traducido en la práctica en unas pensiones cada vez más bajas.

Por su parte, los dos aspectos fundamentales de la reforma del PP en 2013 fueron la introducción del índice de revalorización, y el adelantamiento a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad.

El índice de revalorización vino a sustituir la actualización de las pensiones con arreglo al IPC y ha supuesto de facto la congelación de las pensiones durante los años previos y una fuerte pérdida de poder adquisitivo en 2017 y 2018 que alcanzará entre ambos años un 3%. La pérdida acumulada entre 2010 y 2018 será del 6%. El denominado factor de sostenibilidad, al realizar el cálculo inicial de la pensión de jubilación en función de una teórica esperanza de vida de la persona pensionista, lleva nuevamente a una rebaja importante de la cuantía de las pensiones, en torno a un 5% por década.

El elevado riesgo de pobreza entre los futuros pensionistas es patente. De hecho, ya hoy en día la mayoría de las pensiones mínimas marcadas por el Gobierno Central están por debajo del umbral de la pobreza.

Es cierto que existe déficit en la Seguridad Social pero el déficit ha sido provocado por las políticas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy. En primer lugar, provocando con las reformas laborales paro y depauperación salarial que han hundido las aportaciones sociales (con prácticamente los mismos afiliados a la Seguridad Social que hace 9 años se recaude 15.000 millones de euros menos).

En segundo lugar, el gobierno de Rajoy redujo las cotizaciones sociales, salario diferido que se hurta a los trabajadores y trabajadoras y no tasa o imposición, que muchos empleadores tenían que pagar (sin que ello haya tenido ningún impacto en la creación de empleo, tal y como revelan los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo).

En tercer lugar, el gobierno vació la hucha de las pensiones retrayendo la cantidad de ingresos que se obtenían con su recapitalización. Además, eliminaron las cotizaciones sociales de muchas prestaciones por desempleo. No fue la crisis lo que provocó el déficit de la Seguridad Social, sino las políticas liberales y austericidas aplicadas.

Lo cierto es que las medidas adoptadas por el bipartidismo atentan, como hemos dicho, contra el derecho a tener una pensión adecuada, actualizada y suficiente, previsto en los artículos 50 y 41 de la CE.

Por todo ello IE ha presentado en el Parlamento de Navarra una proposición de reforma constitucional cuyo objeto es garantizar la actualización anual de las pensiones como mínimo conforme al incremento del coste de la vida.

La aprobación de esta reforma del artículo 50 de la Constitución se completa con la anulación de la reforma de las pensiones que el gobierno del PP aprobó en 2013.

Se deroga la Ley 23/2013 que aprobó el PP e introdujo el índice de revalorización y el índice de sostenibilidad ya que estos índices permiten actualizaciones de las pensiones muy inferiores al incremento del coste de la vida.

Por último se incorpora una disposición adicional para que las pensiones queden automáticamente actualizadas e incrementadas en la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por la aplicación de la reforma de pensiones del PP de 2013.

Con esta iniciativa, desde Izquierda-Ezkerra queremos realizar una aportación a la necesidad y urgencia social de alcanzar y blindar unas pensiones suficientes y dignas en Navarra y en el conjunto del Estado.

Gabinete Prensa Izquierda-Ezkerra

 


TEXTO DE LA PROPOSICIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL


A LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

 

 

La Agrupación de Parlamentarios Forales de Izquierda-Ezkerra, al amparo de lo que dispone el art. 212 del Reglamento de la Cámara, en relación con los arts. 87 y 166 de la Constitución española, formulan para su debate, toma en consideración y aprobación, mediante el procedimiento de lectura única, la siguiente proposición de reforma constitucional dirigida al Congreso de los Diputados.

 

 

PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El artículo 50 de la Constitución española dispone que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Un sistema adecuado de prestaciones públicas que atienda a las necesidades de las personas, sobre todo de las que cuentan con menores recursos, constituye uno de los elementos esenciales de un Estado social como el que la propia Constitución proclama en su artículo primero.

Sin embargo, la redacción actual de dicho precepto se ha revelado como insuficiente para garantizar que el sistema público de pensiones, incardinado esencialmente en la Seguridad Social, atienda a la ciudadanía según el principio de suficiencia económica, y tampoco para garantizar que la periódica actualización de las pensiones guarde relación con dicho principio. Sin duda, el constituyente al redactar dicho precepto estaba pensando en que la cuantía de las pensiones se acomodara al incremento del coste de la vida, evitando que una pensión, cuya cuantía fuese adecuada en un principio para asegurar la suficiencia económica de sus beneficiarios, por el mero transcurso del tiempo y el incremento de los precios se convirtiera en una pensión insuficiente.

Por desgracia, lo que pretendía evitar el constituyente se ha convertido en realidad.

La legislación aplicable ha establecido un Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social que, si bien formalmente se ajusta al principio de actualización periódica, defrauda en última instancia el principio de suficiencia económica. La variación del coste de la vida, concretado como el índice de precios de consumo, no opera como criterio de actualización (como en el art. 65 del Convenio sobre la Seguridad Social núm. 102 de la Organización Internacional del Trabajo) sino como límite máximo, aplicándose con carácter ordinario una revalorización del 0,25 por ciento que supone, en la práctica, la permanente pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Y dada la cuantía de las pensiones del sistema de Seguridad Social, esa pérdida de poder adquisitivo viene a agravar todavía más una situación en la que muchos pensionistas no tienen aseguradas sus necesidades y se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza.

Más perversa aún, por oponerse a la lógica del texto constitucional, es la permanente insinuación de que la suficiencia económica en la tercera edad ha de conseguirse a través del ahorro privado y de sistemas privados de pensiones adicionales, y no a través de la acción de los poderes públicos conforme a lo que expresamente señalan los artículos 9 y 50 de la Constitución.

 

Para reforzar la protección constitucional de los citados principios procede dar una nueva redacción del artículo 50 dirigido a garantizar un sistema público de pensiones adecuadas y no condenadas a la pérdida de su poder adquisitivo.

Artículo único.

El artículo 50 de la Constitución española queda modificado en el sentido de que su redacción será la siguiente:

«Artículo 50

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones públicas adecuadas y actualizadas anualmente como mínimo conforme al incremento del coste de la vida, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema público de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».

Disposición Adicional.

Con la entrada en vigor de la presente norma las pensiones del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social quedaran automáticamente actualizadas e incrementadas en la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por la aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente norma.

En concreto queda derogada la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Disposición final.

Esta reforma constitucional entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Pamplona-Iruña, a 18 de abril de 2018

El Portavoz

 


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